La acción militar llevada a cabo en Venezuela el 3 de enero de 2026 plantea graves preocupaciones morales y viola el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, los límites al poder del Presidente bajo la Constitución y la Ley de Poderes de Guerra, y las limitaciones a las extradiciones extraterritoriales bajo el derecho internacional.